por Juan Manuel de Prada
Varias asociaciones de la llamada Memoria Histórica reclaman que la cruz que preside el Valle de los Caídos sea desmantelada, porque «de ninguna forma se puede consentir que se siga alzando hacia el cielo ese símbolo de muerte y venganza».
La frase es suficientemente explícita para que requiera mayor glosa o comentario: un signo de amor y redención es visto como «símbolo de muerte y venganza»; y tal inversión de las categorías —«¡Ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!», clamaba Isaías— exige un grado de ofuscación moral que no se explica mediante causas meramente naturales.
Esa aversión a la Cruz es de naturaleza preternatural; y para entenderla plenamente hace falta recordar aquellas palabras de San Pablo a los efesios: «No es nuestra lucha contra la sangre y la carne...», etcétera. Un mero ateo puede ver en la Cruz un armatoste inservible o irrisorio; pero para ver en ella un «símbolo de muerte y venganza» hace falta «creer y temblar». Y ese temblor a modo de ataque epiléptico lo provoca el odium fidei, que a lo largo de los diversos crepúsculos de la Historia se ha manifestado bajo las expresiones más diversas, desde las más sañudas a las más sibilinas. En esta fase de la Historia, el odium fidei se disfraza con la coartada legalista propia del laicismo, que el gran Leonardo Castellani definía como «la sustitución de Dios por el Estado, al cual se transfieren los atributos divinos de Aquél, incluido el poder absoluto sobre las almas».
Mientras estas asociaciones de la llamada Memoria Histórica solicitan, por las bravas, la voladura de la cruz que preside el Valle de los Caídos, el Estado, más sibilinamente, prohíbe que se celebre misa en la Basílica, después de impedir las visitas turísticas, alegando que es preciso acometer obras de restauración en el recinto, cuyo resultado será el mismo que reclaman las asociaciones cristofóbicas, pero realizado a través de medios más finos: unos reclaman el empleo de la dinamita, nostálgicos quizá de episodios de cristofobia rampante como los que jalonaron nuestra Guerra Civil; los otros, más eficientes que nostálgicos, emplean dudosos informes técnicos e indudables grúas. Y lo hacen amparados en la coartada legal, pues el Valle de los Caídos se cuenta entre los monumentos administrados por Patrimonio Nacional, que puede impedir que se celebren misas en la Basílica y cepillarse los conjuntos escultóricos que la presiden, alegando que la celebración de tales misas entorpece el libre acceso de los ciudadanos al recinto, o bien —como parece que es la coartada legal elegida— que tales conjuntos escultóricos precisan restauración. Y contra la coartada legal nada vale, ni siquiera la ingenua invocación de la Constitución, que especifica que la libertad religiosa estará limitada por «el mantenimiento del orden público».
De modo que a los cristófobos finos o sibilinos que han decretado el cierre de la Basílica, después de haber dejado durante años que en ella se celebraran misas por concesión graciosa, les bastará alegar que la celebración de misas «altera el orden público» para justificar su acción. Y, una vez restablecido el orden, podrán incluso dar el gustazo a los cristófobos más sañudos de dinamitar la Cruz que preside el lugar: porque coartadas legales y dinamita son tan sólo expresiones diversas de un mismo sentimiento de los que «creen y tiemblan», que los viejos teólogos denominaban odium fidei. A ver si nos vamos enterando.
La frase es suficientemente explícita para que requiera mayor glosa o comentario: un signo de amor y redención es visto como «símbolo de muerte y venganza»; y tal inversión de las categorías —«¡Ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!», clamaba Isaías— exige un grado de ofuscación moral que no se explica mediante causas meramente naturales.
Esa aversión a la Cruz es de naturaleza preternatural; y para entenderla plenamente hace falta recordar aquellas palabras de San Pablo a los efesios: «No es nuestra lucha contra la sangre y la carne...», etcétera. Un mero ateo puede ver en la Cruz un armatoste inservible o irrisorio; pero para ver en ella un «símbolo de muerte y venganza» hace falta «creer y temblar». Y ese temblor a modo de ataque epiléptico lo provoca el odium fidei, que a lo largo de los diversos crepúsculos de la Historia se ha manifestado bajo las expresiones más diversas, desde las más sañudas a las más sibilinas. En esta fase de la Historia, el odium fidei se disfraza con la coartada legalista propia del laicismo, que el gran Leonardo Castellani definía como «la sustitución de Dios por el Estado, al cual se transfieren los atributos divinos de Aquél, incluido el poder absoluto sobre las almas».
Mientras estas asociaciones de la llamada Memoria Histórica solicitan, por las bravas, la voladura de la cruz que preside el Valle de los Caídos, el Estado, más sibilinamente, prohíbe que se celebre misa en la Basílica, después de impedir las visitas turísticas, alegando que es preciso acometer obras de restauración en el recinto, cuyo resultado será el mismo que reclaman las asociaciones cristofóbicas, pero realizado a través de medios más finos: unos reclaman el empleo de la dinamita, nostálgicos quizá de episodios de cristofobia rampante como los que jalonaron nuestra Guerra Civil; los otros, más eficientes que nostálgicos, emplean dudosos informes técnicos e indudables grúas. Y lo hacen amparados en la coartada legal, pues el Valle de los Caídos se cuenta entre los monumentos administrados por Patrimonio Nacional, que puede impedir que se celebren misas en la Basílica y cepillarse los conjuntos escultóricos que la presiden, alegando que la celebración de tales misas entorpece el libre acceso de los ciudadanos al recinto, o bien —como parece que es la coartada legal elegida— que tales conjuntos escultóricos precisan restauración. Y contra la coartada legal nada vale, ni siquiera la ingenua invocación de la Constitución, que especifica que la libertad religiosa estará limitada por «el mantenimiento del orden público».
De modo que a los cristófobos finos o sibilinos que han decretado el cierre de la Basílica, después de haber dejado durante años que en ella se celebraran misas por concesión graciosa, les bastará alegar que la celebración de misas «altera el orden público» para justificar su acción. Y, una vez restablecido el orden, podrán incluso dar el gustazo a los cristófobos más sañudos de dinamitar la Cruz que preside el lugar: porque coartadas legales y dinamita son tan sólo expresiones diversas de un mismo sentimiento de los que «creen y tiemblan», que los viejos teólogos denominaban odium fidei. A ver si nos vamos enterando.
Fuente: Religión en Libertad
