FNFF (Remitido).- El 20 de noviembre de 1975, falleció Francisco Franco Bahamonde en una residencia sanitaria de la Seguridad Social creada por él. Todos los españoles que tienen memoria de ese momento pueden confirmar que la muerte del Generalísimo Franco se produjo en medio del dolor, el reconocimiento y la gratitud de la mayoría de los españoles hacia quien había hecho posible la época de paz y desarrollo más prolongada que había disfrutado nuestra patria a lo largo de los siglos.
Todos los gobiernos de las naciones de nuestro entorno trasladaron al Gobierno español mensajes de condolencia y reconocimiento a quien había regido los destinos de la patria durante cuarenta años. En la Asamblea de la ONU se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del Jefe del Estado Español y el 22 de Noviembre de 1975, y ante el arca de la sinagoga de Nueva York, el rabino de la misma hizo una rogativa especial por el alma del Caudillo “…por haber tenido piedad de los judíos…”.
Cabe recordar aquí la carta que al finalizar la II GM, el entonces Presidente del Congreso Mundial judío, Maurice L.Perlzweig, dirigió a Franco en la que literalmente le decía que “los judíos son una raza poseedora de gran memoria y no han de olvidar facilmente la oportunidad que se ha brindado a miles de sus hermanos para salvar su existencia”.
Así, al fallecimiento del Generalísimo, el Editorial de la revista The American Sephardi, publicada por la Universidad de Yeshiva (EE.UU.), publicó lo siguiente: “ el Generalísimo Franco falleció el 20 de noviembre de 1975. Al margen de cómo le juzgará la historia, lo que sí es seguro que en la historia judía ocupará un puesto especial”.
Francisco Franco no dispuso en su testamento nada respecto al lugar de su enterramiento ni dio instrucción alguna a su entorno familiar, consciente de que no le correspondía a él tomar dicha decisión, por la significación de su persona como servidor público y evitando así cualquier clase de hipotecas a su sucesor, el Rey Juan Carlos I.
Francisco Franco fue enterrado en la parte posterior del altar mayor de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, siguiendo así la tradición secular del derecho de Patronato, privilegio que la Iglesia concedía en el Código Canónico entonces vigente, a los fundadores de un lugar sagrado.
Nadie entonces, ni dentro ni fuera de España, cuestionó que el Jefe del Estado recibiera sepultura en el lugar que había sido erigido como monumento a la reconciliación en su deseo de que reposaran, bajo los brazos de la mayor cruz del mundo, los españoles caídos en la contienda civil, con independencia de su credo o ideología.
Pasaron los años, España se acostó aturdida y se levantó socialista y en 1986, el gobierno del PSOE hizo una impecable declaración institucional en el cincuentenario del inicio de la guerra: “un Gobierno ecuánime no puede renunciar a la historia de su pueblo, aunque no le guste, ni mucho menos asumirla de manera mezquina y rencorosa.
Este Gobierno, por tanto, recuerda asimismo, con respeto a quienes, desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente a la que también muchos sacrificaron su propia existencia.” (..) “para que nunca más, por ninguna razón, por ninguna causa vuelva el espectro de la guerra civil y el odio a recorrer nuestro país, a ensombrecer nuestra conciencia y a destruir nuestra libertad.” España se encontraba ya reconciliada, miraba hacia un futuro prometedor y los españoles no estaban dispuestos a resucitar los odios que habían hecho correr ríos de sangre entre hermanos.
Tuvieron que pasar más de treinta años para que el espectro del odio volviera de la mano de un PSOE que decidió rescatar el lado más siniestro de su biografía. Rodríguez Zapatero, ante el silencio cómplice y atolondrado de una derecha acomplejada y ayuna de referentes, aprobó una infame ley que pretendía reescribir la historia desde el Boletín Oficial del Estado, dividir de nuevo a los españoles en buenos y malos y borrar cualquier rastro de las realizaciones de cuarenta años de la historia de España, sobre los que para siempre habría de pesar la losa de una estúpida y anacrónica condena, todo ello sobre la base de legitimar como “legalidad republicana constituida” al proceso revolucionario que estuvo a punto de convertir España en el segundo país en el mundo en abrazar el comunismo soviético.
La izquierda, bajo la falsa y grosera excusa de dar digna sepultura a aquellos caídos que yacieran en las “cunetas” (noble pretensión que cualquier bien nacido debe compartir, sin olvidar que en ellas hay caídos de los dos bandos, y que por supuesto esta Fundación apoya), se apresuró a tratar de ganar en el parlamento la guerra que había provocado en los años 30 al no conseguir su objetivo revolucionario y que perdió en el campo de batalla, entretanto los descendientes de los vencedores permanecieron impasibles mientras se echaba un manto de estiércol sobre las tumbas de sus padres y abuelos, condenados públicamente como si fueran vulgares criminales.
La verdadera “memoria histórica” acabó venciendo a Zapatero, que vio frustrado su enconado intento de cerrar el valle de los Caídos ante la resistencia numantina de miles de fieles con su presencia y oración y, tras dejar España sumida en una crisis que se empeñaba en negar, entregó el poder a una derecha medrosa que dejó las cosas como estaban porque “lo único importante” era la economía. Mariano Rajoy, que con su natural indolencia decidió dejar intacto el proyecto de ingeniería social de Zapatero, dio paso a Pedro Sánchez, un discípulo de Zapatero que ha llegado al poder de forma tan accidentada como su predecesor, y que quiere culminar la obra de su maestro echando más carnaza a la extrema izquierda y los separatistas. Sabedor de la precariedad de sus apoyos parlamentarios,quiere aprovechar las alfombras para pagarse con dinero público una campaña de imagen y de paso, ofrecerles en bandeja a los profesionales del odio su presa más codiciada: el cadáver del Caudillo, con el objetivo de escenificar una postrera humillación, no ya a Francisco Franco, sino también a la a la media España que, en defensa de sus ideales, osó retar y vencer al comunismo. Son muchos los españoles que consideran que la exhumación de Francisco Franco supondría una descalificación de un largo periodo de la historia de España, la modernización de esta, la creación de nuestra extensa clase media y, por supuesto, la restauración de la monarquía.no ya a Francisco Franco, sino también a la a la media España que, en defensa de sus ideales, osó retar y vencer al comunismo. Son muchos los españoles que consideran que la exhumación de Francisco Franco supondría una descalificación de un largo periodo de la historia de España, la modernización de esta, la creación de nuestra extensa clase media y, por supuesto, la restauración de la monarquía.no ya a Francisco Franco, sino también a la a la media España que, en defensa de sus ideales, osó retar y vencer al comunismo. Son muchos los españoles que consideran que la exhumación de Francisco Franco supondría una descalificación de un largo periodo de la historia de España, la modernización de esta, la creación de nuestra extensa clase media y, por supuesto, la restauración de la monarquía.
No lo van a tener fácil. Al menos, no con la ley en la mano. En un Estado de derecho el poder está sometido al imperio de la ley y esta es clara al exigir la autorización de la familia para llevar a cabo una exhumación salvo que concurran razones sanitarias excepcionales. Una vez que la familia de Francisco Franco se ha pronunciado de forma unánime, clara y terminante en contra de cualquier exhumación y de la utilización política de los restos mortales del Generalísimo, sólo podría cumplir el gobierno su macabro propósito violentando la ley y la voluntad de sus familiares.
La Iglesia también tiene algo que decir en este asunto. No sólo por tratarse Franco de un Caballero de la Suprema Orden de Cristo -condecoración reservada a jefes de estado católicos que se hayan distinguido con méritos especialísimos hacia la Iglesia y la religión católica- sino porque al estar el sepulcro del Caudillo en lugar sagrado y por tanto inviolable, concretamente en el interior de una Basílica Pontificia, la jerarquía eclesiástica ha dejado bien claro, una y otra vez que sólo autorizaría la exhumación si así lo solicita la familia y no se entendería que mantuviese una actitud tibia ante una pretensión cuya finalidad es la de reabrir las heridas que se cerraron hace décadas y que en definitiva es el primer paso para terminar con la Cruz más grande del mundo y con el centro de oración y reconciliación que constituye el Valle de los Caídos.Convertir el conjunto del Valle en una especie de “parque temático” supondría a la postre la desacralización del mismo.
Cabe preguntarse, por otro lado, qué imagen queremos dar al mundo de este país cuando una mayoría parlamentaria formada por partidos extremistas de todo tipo tiene como prioridad abrir tumbas, vilipendiar a los muertos y reescribir hechos de hace más de ochenta años. Remover las tumbas de los muertos es una línea roja que ningún gobierno civilizado ha traspasado hasta ahora y que seguramente se volvería como un bumerang contra el gobierno que diese un paso semejante, al más puro estilo de los talibanes afganos.
Consecuentemente, la FNFF, desde la admiración por la obra del mejor estadista que ha tenido España se opone de forma rotunda a la exhumación y traslado de los restos mortales de Francisco Franco y considera que deben permanecer en su actual ubicación por respeto a la historia y también al futuro.
Cualquier acción de reconciliación en el Valle de los Caídos debe pasar por sumar y nunca por restar, reforzando así el espíritu de concordia y reconciliación que dio luz al colosal proyecto de su construcción. Coincidimos con Luis Suarez, de la Real Academia de la historia, cuando afirma que el Valle de los Caídos se construyó para que fuera un mausoleo para las víctimas de ambos bandos al amparo y la sombra de la cruz. Y desde esta convicción anunciamos que cualquier intento de violentar la legalidad será oportunamente denunciada ante los Tribunales de justicia pues nadie puede pisotear el estado de derecho.
No estamos sin embargo ante una mera maniobra política sino ante una coyuntura histórica de enorme responsabilidad moral en la que está en juego nuestra dignidad y nuestro prestigio como nación milenaria que debe asumir su historia, con sus luces y con sus sombras sin tratar de pervertir las mayorías parlamentarias para cambiar o borrar el relato del pasado enfrentando de nuevo a los españoles como hace 80 años.
Dejen a los muertos descansar en paz, empezando por Francisco Franco y siguiendo por el resto de los caídos de las dos Españas, respeten la historia, dejen su estudio a los historiadores y miremos de una vez y para siempre al futuro dejando que todos los españoles puedan honrar a sus muertos allá donde quiera que se encuentren.
