Capilla Real de la Mezquita-Catedral de Córdoba.
BD.- La Junta de Andalucía anunció la semana pasada que estudia expropiar la Mezquita-Catedral de Córdoba, propiedad de la Iglesia desde hace siglos. Según afirmó la delegada de la Junta en Córdoba, Isabel Ambrosio, se “ha solicitado un informe jurídico para saber si le compete al Gobierno de la Junta de Andalucía reclamar la titularidad pública de ese bien”.
La idea inicial, sin embargo, no parte directamente de la Junta sino de una iniciativa particular impulsada por Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba a través de la web change.org para pedir firmas a favor de la expropiación del templo. Hasta el momento, la petición ya ha cosechado más de 129.000 apoyos. Lo que más sorprende ha sido la celeridad de la Junta para plantear esta posibilidad, ya que esta petición nació el 11 de febrero, apenas diez días antes de que el Gobierno andaluz la tomase en consideración.
¿Quién está detrás de dicha Plataforma? ¿Se trata de una simple iniciativa ciudadana o hay intereses políticos detrás? En primer lugar, hay que destacar que el portavoz de la “Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba”, Miguel Santiago Losada, profesor de Biología, es elfundador del Comité de Solidaridad con América Latina en Córdoba (Cosal). Cosal es un colectivo de extrema izquierda que, según revela su propia web, actúa “desde unos presupuestos feministas, anticapitalistas y antiimperialistas”.
Además, Losada también es cofundador y actual presidente de la Asociación Kala, cuyo objetivo es “la integración sociolaboral de los jóvenes inmigrantes”. La Asociación emitió una nota el pasado 13 de febrero en su página en Facebook, firmada por Miguel Santiago Losada como “Profesor y Presidente de la Asociación Kala”, en donde revela la verdadera autoría de la petición para expropiar la Catedral:
“Hemos iniciado oficialmente la petición de firmas para solicitar a la Unesco y Junta de Andalucía que tomen las medidas oportunas ante el riesgo que corre su declaración como Patrimonio Mundial de la Mezquita-Catedral de Córdoba.”
Curiosamente, el presidente de la asociación que dice haber lanzado la petición acaba siendo elegido portavoz de la Plataforma que impulsa la expropiación. La Asociación Kala ha recibido desde su creación, en 2005, subvenciones de la Junta andaluza por un valor próximo a 77.000 euros. Así pues, ha sido una asociación subvencionada por la Junta que preside Susana Díaz la que está impulsando la expropiación.
Otro de los principales impulsores de esta particular iniciativa es el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez, candidato del Partido Andalucista en las últimas elecciones generales, una formación nacionalista y de izquierdas que gobernó Andalucía junto al PSOE hace años. Asimismo, participó este mismo mes en una conferencia organizada por Europa Laica, un grupo anticatólico y de extrema izquierda.
De hecho, Antonio Manuel Rodríguez redactó el Decálogo de Córdoba por la Alianza de Civilizaciones, que en su día publicó Web Islam. Su aparición en dicha web no es esporádica (Google encuentra miles de menciones a Antonio Manuel Rodríguez en Web Islam). Dicho decálogo incluía, entre otras medidas, la “concesión preferente de la nacionalidad española a los descendientes de los andalusíes”, es decir, a todos los descendientes de los musulmanes expulsados de España tras la Reconquista.
Rodríguez también aparece en Web Islam estrechando la mano de Mansur Escudero, presidente de la Junta Islámica de España, con motivo de la celebración de un seminario internacional organizado en Córdoba por el Liderazgo Popular Islámico Mundial en junio de 2007, patrocinado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y tras el que se dio a conocer dicho decálogo. Pocos días después de ese seminario, Mansur Escudero afirmó: “Sería muy bello convertir Córdoba en La Meca de Occidente”. O sea en un territorio de intolerancia feroz y fanatismo medieval. Como es sabido, en la Meca, los no musulmanes tienen vetada la entrada y la pertenencia, así sea no visible, de algún símbolo cristiano se paga con la pena de muerte. Por lo menos no se puede decir que es esta gente esconde sus verdaderos propósitos.
Al carro de este polémico asunto se ha subido el ex alcalde de Córdoba, el comunista Anguita, quien ha afirmado este miércoles que la inmatriculación de la Mezquita que en su día hizo la Iglesia Católica, poniendo así a su nombre dicho histórico monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, fue “algo propio de una felonía” y, en cualquier caso, “un hurto legal”.
En rueda de prensa, Anguita ha hecho tal afirmación en relación con la campaña de recogida de firmas ‘on line’ puesta en marcha para reclamar la titularidad pública de dicho inmueble y ha dicho no haber visto que respalden tal campaña “los cordobitas”, que son quienes proclaman su “ferviente amor a la Córdoba inmortal”.
En este sentido, el exlíder de IU ha recordado que esa postura de los ‘cordobitas’ se da “cuando resulta que uno de los monumentos más emblemáticos de España” pasó “a manos privadas de una manera que, aunque legal, desde luego” fue “irregular” y, además, se llevó a cabo de una forma “totalmente propia de una felonía”.
De lo que sí se ha olvidado de decir palabra ha sido de las 20.000 iglesias (entre ellas varias catedrales, incluyendo su patrimonio artístico y sus archivos) y muchos miles más de monumentos católicos incendiados, destruidos y profanados por sus correligionarios de partido y del bando republicano en general durante la Guerra Civil del 36-39, y los miles de curas, monjas y laicos asesinados por sus convicciones religiosas. La memoria es así, sobre todo la de esta gente: memoria hemiplégica de canallas y sinvergüenzas.
(Citado como referencia en numerosas obras, un detallado estudio publicado en 1961 por Antonio Montero Moreno (“Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939″) identificó a un total de 6.832 víctimas religiosas asesinadas en el territorio republicano, de las cuales 13 eran obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 religiosas).
Fuente: alerta digital
